Defensa del Estado de Derecho

Las Instituciones jurídico-políticas adoptadas en la Constitución de 1991 son presupuesto fundamental para garantizar la convivencia entre los colombianos. Nadie, desde ninguna de las ramas del poder público, ni desde cualquier estamento de la sociedad civil, puede reclamar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de deberes por fuera de las Instituciones.